Cambalache de la Seguridad

 

Lic. Alejandro Salomón*

Hay un momento en donde es necesario tomar distancia para ver el problema desde una perspectiva más amplia. El horrendo hecho de droga contaminada ha modificado la agenda pública, dejando de lado la negociación con el FMI, el viaje del presidente, los aumentos de precios y el conteo de positivos Covid 19, entre otros temas de interés.

En primer lugar, y a los efectos de aporta algo de claridad al tema, hay aspectos que deben fijarse. Uno de ellos es que el delito del narcotráfico, en un país federal como el nuestro, es una función delegada al Gobierno Nacional. Es un delito federal, y su persecución penal es responsabilidad primaria del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Dicho esto, corresponde decir que la ley 26.052/2005 de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes les dio a las provincias que así lo quisieran, adherir a la ley. Esto significó la potestad a las provincias de asumir la competencia en aquellos casos en que “se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”. Hasta la fecha solo han adherido cinco provincias: Córdoba, Chaco, Salta, Buenos Aires y Entre Ríos.  No obstante que las provincias puedan adherir, cuando existe conexidad subjetiva y/u objetiva con otra sustanciada en el fuero federal, o duda en virtud de las características del hecho, la causa siempre recae sobre la Justicia Federal.

Aclarado este punto, se advierte una clara deserción por parte del Gobierno Nacional en la persecución del narcotráfico. Primero, cuando la anterior Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, disuelve la Subsecretaría contra el Narcotráfico. Esto es acompañado con otras medidas a todas luces equivocadas, como la disolución del área de inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense y el escaso control que se ejerce sobre los detenidos en las cárceles federales. Se agrava con el traslado de efectivos de la Gendarmería Nacional desde la frontera norte del país a la Provincia de Buenos Aires (y solo a municipios seleccionados con criterio político-partidario) para realizar prevención ciudadana, facilitando así el ingreso de drogas desde Bolivia y Paraguay. A estas medidas se suman, ya con la gestión del Ministro Aníbal Fernández,  un claro desinterés por el narcotráfico, situación que queda expuesta con la actitud displicentes adoptadas frente a los graves hechos en la Provincia de Santa Fe (aunque se advierte en todo el país) la cual, sin ni siquiera estar adherida a la ley 26.052, ha sido abandonada a su suerte en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Con respecto a la ley 26.052, se cumplieron las advertencias realizadas en aquel entonces por los propios fiscales federales, en cuanto a que su implementación, lejos de resolver la problemática del consumo y la comercialización de pequeñas cantidades de estupefacientes, importaría la profundización de ciertas tendencias que ya se habían señalado en relación con la aplicación de la ley 23.737 (la persecución penal a los consumidores). También se advirtió, de modo temprano, que la creación de una competencia mixta traería aparejado todo un conjunto de situaciones problemáticas y que fundamentalmente su ejercicio – en el contexto fáctico de aplicación – implicaría el empoderamiento de las policías provinciales por sobre otras agencias del Estado que, como consecuencia de esta ley, verían disminuida su capacidad para establecer definiciones sobre política criminal coordinadas, efectivas y acordes con criterios de seguridad democrática. En los hechos, esto ha significado el abandono de la prevención y del tratamiento del adicto para solo focalizarse en el secuestro de drogas.  

La desfederalización fue un error que solo ha sido amortiguado por la escasa adhesión de las provincias a la ley. No obstante, las policías provinciales se han visto tentadas a involucrarse cada vez con mayor presencia en la persecución del narcotráfico. Sin la capacidad de recursos técnicos, capacitación específica, inteligencia criminal, ni marco normativo que los proteja, la lucha contra este flagelo se encuentra cada vez más fragmentada.

La situación ha llegado a tales extremos del absurdo que hemos podido presenciar al Ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, haciendo operativos antidrogas en la Provincia de Santa Fe. No solo se excede en el espíritu y letra de la ley de desfederalización, sino que, si existía alguna causa judicial importante que se estuviesen tramitando en los Tribunales Federales de esa provincia, la sobreactuación del Ministro mediático solo trajo aparejado estropear toda investigación que hubiese estado encaminada en tribunales federales de esa provincia.

Vemos con estupor y preocupación el agravamiento de dos importantes dimensiones: la inseguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico. La primera de ella es claramente una responsabilidad de las provincias a través de sus propias fuerzas policiales, aunque paulatinamente se advierte que esta dimensión va siendo dejada de lado por estas fuerzas para involucrarse en los delitos de narcotráfico, que permite obtener un mayor rédito político y mediático. No se puede conocer cuántos homicidios o robos se previenen y solo se conocen los cometidos, lo que siempre significarán una mala noticia. El secuestro de drogas, aunque sea en cantidades mínimas, es siempre una buena noticia, que permite una amplia cobertura mediática provincial. Es la buena noticia que las fuerzas policiales provinciales pone a disposición de las autoridades políticas. En esta línea de razonamiento, lo que no se sabe es la cantidad de droga que circula y no se secuestra.

Este espacio de la seguridad ciudadana está siendo abordado cada vez más por los municipios, quienes van asumiendo la responsabilidad con fuerzas desprofesionalizadas, sin marco legal y sin mayores recursos. No solo la lucha contra el delito es ineficiente en este contexto, sino que los municipios van abandonando la parte más importante de la prevención que por naturaleza les corresponde: el verdadero abanico sobre las causas del delito. Nuevamente el Estado es desertor de las causas que generan inseguridad.

Esta mezcolanza se completa con fuerzas federales, las que son retiradas de los lugares naturales de actuación: la frontera norte e hidrovía del Paraná, y alejadas de la persecución penal de los delitos federales – que es mucho más que el narcotráfico, es también es trata de personas, falsificación, contrabando , etc. – para realizar tareas de patrullaje urbano en geografías desconocidos para el personal y en los que rigen los Códigos Procesales de actuación que desconoce. Estas decisiones tomadas ad hoc, se hacen de acuerdo con los vínculos partidarios y las expectativas y conveniencias electorales.

Pareciera que el gobierno no ha tomado dimensión cabal de la gravedad de la situación que estamos atravesado, y que las previsiones más favorables indican un agravamiento de la inseguridad a medida que empeora la situación económica y social. Son las provincias las responsables de la seguridad ciudadana, pero es la Nación la que deben coordinar el esfuerzo nacional de policía a traves de la Secretaría de Seguridad Interior de la Nación.

La responsabilidad “absoluta” en materia de narcotráfico recae en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Para muchos ciudadanos hoy pareciera ser un problema lejano, que sienten que no les afecta por no ser adicto. Es imprescindible que se entienda el factible riesgo de que las organizaciones criminales se enquisten en el Estado (nacional,  provincial o municipal), momento en el que ya no habrá a quienes el problema no le afecte.

*El autor es Especialista en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado. Ha sido Director de la Escuela Nacional de Inteligencia, Rector del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y docente en temáticas relacionada a la Seguridad e Inteligencia en Instituciones Latinoamericanas.