Cambalache de la Seguridad

 

Lic. Alejandro Salomón*

Hay un momento en donde es necesario tomar distancia para ver el problema desde una perspectiva más amplia. El horrendo hecho de droga contaminada ha modificado la agenda pública, dejando de lado la negociación con el FMI, el viaje del presidente, los aumentos de precios y el conteo de positivos Covid 19, entre otros temas de interés.

En primer lugar, y a los efectos de aporta algo de claridad al tema, hay aspectos que deben fijarse. Uno de ellos es que el delito del narcotráfico, en un país federal como el nuestro, es una función delegada al Gobierno Nacional. Es un delito federal, y su persecución penal es responsabilidad primaria del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Dicho esto, corresponde decir que la ley 26.052/2005 de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes les dio a las provincias que así lo quisieran, adherir a la ley. Esto significó la potestad a las provincias de asumir la competencia en aquellos casos en que “se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”. Hasta la fecha solo han adherido cinco provincias: Córdoba, Chaco, Salta, Buenos Aires y Entre Ríos.  No obstante que las provincias puedan adherir, cuando existe conexidad subjetiva y/u objetiva con otra sustanciada en el fuero federal, o duda en virtud de las características del hecho, la causa siempre recae sobre la Justicia Federal.

Aclarado este punto, se advierte una clara deserción por parte del Gobierno Nacional en la persecución del narcotráfico. Primero, cuando la anterior Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, disuelve la Subsecretaría contra el Narcotráfico. Esto es acompañado con otras medidas a todas luces equivocadas, como la disolución del área de inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense y el escaso control que se ejerce sobre los detenidos en las cárceles federales. Se agrava con el traslado de efectivos de la Gendarmería Nacional desde la frontera norte del país a la Provincia de Buenos Aires (y solo a municipios seleccionados con criterio político-partidario) para realizar prevención ciudadana, facilitando así el ingreso de drogas desde Bolivia y Paraguay. A estas medidas se suman, ya con la gestión del Ministro Aníbal Fernández,  un claro desinterés por el narcotráfico, situación que queda expuesta con la actitud displicentes adoptadas frente a los graves hechos en la Provincia de Santa Fe (aunque se advierte en todo el país) la cual, sin ni siquiera estar adherida a la ley 26.052, ha sido abandonada a su suerte en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Con respecto a la ley 26.052, se cumplieron las advertencias realizadas en aquel entonces por los propios fiscales federales, en cuanto a que su implementación, lejos de resolver la problemática del consumo y la comercialización de pequeñas cantidades de estupefacientes, importaría la profundización de ciertas tendencias que ya se habían señalado en relación con la aplicación de la ley 23.737 (la persecución penal a los consumidores). También se advirtió, de modo temprano, que la creación de una competencia mixta traería aparejado todo un conjunto de situaciones problemáticas y que fundamentalmente su ejercicio – en el contexto fáctico de aplicación – implicaría el empoderamiento de las policías provinciales por sobre otras agencias del Estado que, como consecuencia de esta ley, verían disminuida su capacidad para establecer definiciones sobre política criminal coordinadas, efectivas y acordes con criterios de seguridad democrática. En los hechos, esto ha significado el abandono de la prevención y del tratamiento del adicto para solo focalizarse en el secuestro de drogas.  

La desfederalización fue un error que solo ha sido amortiguado por la escasa adhesión de las provincias a la ley. No obstante, las policías provinciales se han visto tentadas a involucrarse cada vez con mayor presencia en la persecución del narcotráfico. Sin la capacidad de recursos técnicos, capacitación específica, inteligencia criminal, ni marco normativo que los proteja, la lucha contra este flagelo se encuentra cada vez más fragmentada.

La situación ha llegado a tales extremos del absurdo que hemos podido presenciar al Ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, haciendo operativos antidrogas en la Provincia de Santa Fe. No solo se excede en el espíritu y letra de la ley de desfederalización, sino que, si existía alguna causa judicial importante que se estuviesen tramitando en los Tribunales Federales de esa provincia, la sobreactuación del Ministro mediático solo trajo aparejado estropear toda investigación que hubiese estado encaminada en tribunales federales de esa provincia.

Vemos con estupor y preocupación el agravamiento de dos importantes dimensiones: la inseguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico. La primera de ella es claramente una responsabilidad de las provincias a través de sus propias fuerzas policiales, aunque paulatinamente se advierte que esta dimensión va siendo dejada de lado por estas fuerzas para involucrarse en los delitos de narcotráfico, que permite obtener un mayor rédito político y mediático. No se puede conocer cuántos homicidios o robos se previenen y solo se conocen los cometidos, lo que siempre significarán una mala noticia. El secuestro de drogas, aunque sea en cantidades mínimas, es siempre una buena noticia, que permite una amplia cobertura mediática provincial. Es la buena noticia que las fuerzas policiales provinciales pone a disposición de las autoridades políticas. En esta línea de razonamiento, lo que no se sabe es la cantidad de droga que circula y no se secuestra.

Este espacio de la seguridad ciudadana está siendo abordado cada vez más por los municipios, quienes van asumiendo la responsabilidad con fuerzas desprofesionalizadas, sin marco legal y sin mayores recursos. No solo la lucha contra el delito es ineficiente en este contexto, sino que los municipios van abandonando la parte más importante de la prevención que por naturaleza les corresponde: el verdadero abanico sobre las causas del delito. Nuevamente el Estado es desertor de las causas que generan inseguridad.

Esta mezcolanza se completa con fuerzas federales, las que son retiradas de los lugares naturales de actuación: la frontera norte e hidrovía del Paraná, y alejadas de la persecución penal de los delitos federales – que es mucho más que el narcotráfico, es también es trata de personas, falsificación, contrabando , etc. – para realizar tareas de patrullaje urbano en geografías desconocidos para el personal y en los que rigen los Códigos Procesales de actuación que desconoce. Estas decisiones tomadas ad hoc, se hacen de acuerdo con los vínculos partidarios y las expectativas y conveniencias electorales.

Pareciera que el gobierno no ha tomado dimensión cabal de la gravedad de la situación que estamos atravesado, y que las previsiones más favorables indican un agravamiento de la inseguridad a medida que empeora la situación económica y social. Son las provincias las responsables de la seguridad ciudadana, pero es la Nación la que deben coordinar el esfuerzo nacional de policía a traves de la Secretaría de Seguridad Interior de la Nación.

La responsabilidad “absoluta” en materia de narcotráfico recae en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Para muchos ciudadanos hoy pareciera ser un problema lejano, que sienten que no les afecta por no ser adicto. Es imprescindible que se entienda el factible riesgo de que las organizaciones criminales se enquisten en el Estado (nacional,  provincial o municipal), momento en el que ya no habrá a quienes el problema no le afecte.

*El autor es Especialista en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado. Ha sido Director de la Escuela Nacional de Inteligencia, Rector del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y docente en temáticas relacionada a la Seguridad e Inteligencia en Instituciones Latinoamericanas.

UN PROGRAMA DE SEGURIDAD, A LA MEDIDA DEL PERONISMO

 

UN PROGRAMA DE SEGURIDAD, A LA MEDIDA DEL PERONISMO

El Gobierno Nacional anunció recientemente un Programa de fortalecimiento para la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que merece algunas consideraciones. Lo que se sabe hasta el momento es que la Nación invertirá en la Provincia de Buenos Aires, específicamente en lo que conocemos como el conurbano bonaerense, $37.700 millones de peso que serán destinados a móviles policiales, chalecos antibalas, construcción de unidades carcelarias, paradas seguras de colectivos, y el traslado de 4.000 efectivos policiales de las fuerzas federales; todo destinado a garantizar mayor seguridad en la Provincia de Buenos Aires. Es un gran esfuerzo económico que hace la Nación para asistir al distrito electoral más importante del país.

Más allá de las suspicacias políticas que el anuncio deja traslucir, no se trataría estrictamente en un programa de fortalecimiento de la seguridad sino, más estrictamente hablando, de un programa de compra de equipamiento para la policía y el sistema penitenciario bonaerense. No podría ser de otra manera ya que todo “plan” (como lo denominó el Gobernador Kicillof) requiere estar sustentado en una política, la que en este caso no se advierta que exista. Y es el propio Presidente Alberto Fernández quien en su discurso deja al descubierto este vacío en una política pública de gran sensibilidad. Para ello, hace una indisimulada parábola tratando de conformar a los dos extremos que conviven (al menos por ahora) en su gobierno: la causa de la inseguridad es la  desigualdad, y proponemos más policías.

Las encuestas mandan, y estas dicen que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la sociedad. Semejante revelación obligó a gran parte de los funcionarios, incluida la Ministra Sabina Frederic, a modificar el discurso zafaroniano que sostiene que los delincuentes no son más que víctimas del sistema liberal – capitalista. Está manera de ver el problema los llevó al principio de la actual gestión a liberar más de 4.500 presos, y ahora a prometer la construcción de más cárceles. Pero para que todo no parezca lo que es, se hace necesario hablar de la desigualdad como una de las principales causas del flagelo.

Del otro lado de la General Paz no ven el problema de la misma manera. El Ministro de Seguridad de Buenos Aires asumió desde el principio una posición neoconservadora que tanto rédito electoral de dio a George H. W. Bush en EEUU y Margaret Thatcher en Inglaterra en las décadas de 1980 y 1990. Para este otro peronismo, el delincuente es una persona racional, que hace un detallado análisis que le permite evaluar los riesgos y beneficios de cometer un delito y actúa en consecuencia. Para esta mirada neoconservadora, la prevención tiene una sola respuesta: aumentar el riesgo de delinquir aumentando la cantidad de policías y cárceles. El anunciado programa de fortalecimiento encaja con esta posición. Ganó la mirada de Berni.  

Entre estas dos posiciones tan antagónicas es muy difícil definir una política de seguridad, ya que hacerlo significaría romper con uno u otro sector. La salida adoptada es jugar con los dos extremos. Esto es lo que explica el abandono del Consejo de Seguridad Interior establecido en la ley 24.059, ámbito de coordinación de la política de seguridad y del “esfuerzo nacional de policía”. La decisión del presidente ha sido renunciar a cualquier intento de abordar la problemática en forma coordinada con todas las provincias del país, y manejarse en forma radial con las provincias y municipios en las que crea conveniente hacerlo.

No puede dejarse de lado lo controversial de algunas de las medidas anunciadas. La primera de ellas es el traslado de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina desde las fronteras o la hidrovía del Paraná, por donde ingresa la droga al país, para ponerlas a hacer controles de tránsito vehicular. Es claro que el único objetivo de la medida es darles visibilidad, aunque esto sea a costa de mayor tráfico de droga. Estas fuerzas federales no estaban en el cuartel esperando ser convocadas, por el contrario, estaban protegiendo la frontera y evitando el tráfico de drogas y/o personas. La decisión fue sacarlas de esas funciones. Ya se hizo antes y no nos fue bien.  

Otro aspecto que traerá consecuencias no deseables es la pretendida descentralización de los recursos a través de los municipios. Algo muy parecido a las descentralizaciones propiciadas por la dupla Menem – Dromi en la década del 90 cuando se le transfirieron a las provincias las funciones sin los recursos. En este caso se les da los caciques municipales los recursos, pero no las funciones, en tanto y en cuanto no tiene bajo su subordinación a la fuerza policial. La pregunta correcta será ¿de quién dependerán los policías de la bonaerense? Del Ministro Berni, dentro de una estructura jerárquica y disciplinaria, que dispone de los ascensos, traslados y sumarios; o de los intendentes que serán los que le deciden cómo se distribuyen los recursos, a quienes se beneficiaran y a quienes no. En este sentido, nunca fue bueno que las fuerzas policiales tengan dos cabezas, y menos aún, cuando no existen mecanismos de control y rendición de cuentas adecuados.

El programa anunciado nada dice sobre las causas que generan el delito. No se ha tratado de explicar los motivos por los cuales ha habido un aumento tan exponencial en tan pocos meses, y los funcionarios que trataron de explicarlo desde la pobreza fueron rápidamente silenciados por no ser políticamente correcto. Lo cierto que la pobreza puede explicar una parte menor del problema pues lo sustancial está en el deterioro experimentado en las relaciones sociales, la frustración, la angustia, la negación de las aspiraciones, y el deterioro irrecuperable de la totalidad de los controles sociales informales dentro de la familia, del año escolar, la pérdida de la práctica deportiva, entre otros aspectos que tanta tensión social ha generado.  El daño provocado al tejido social por un encierro excesivo no será fácil de reparar. Cierto es que ha habido daño económico, pero el daño social ocasionado es de una magnitud descomunal, y es el primer factor que debería tenerse en cuenta al momento de tratar de recuperar en algo la seguridad perdida. Por el contrario, al daño social provocado se lo intenta reparar con móviles, chalecos y balas. Temo que las consecuencias sean peores.   

El programa de fortalecimiento anunciado, por las características que tiene, no nace para solucionar el aumento del delito, y solo logrará desplazarlo hacia las zonas que no se beneficien con el equipamiento policial que se adquiera y la mayor dotación de personal que se destine.

Lo que si busca solucionar esta gran inversión de recursos públicos nacionales es la interna desatada dentro del peronismo entre los que se auto perciben de izquierda en la Nación, el neoconservador de Provincia de Buenos Aires ya en campaña, y los voraces caciques del conurbano, siempre ávidos de dinero. Quizás el medio de noticias que mejor lo describió haya sido Pagina 12, que expresó: “el Presidente decidió tomar el tema en sus manos, dada la importancia que tiene el Conurbano como sostén electoral del peronismo”.

INSEGURIDAD: Sin destino

 

INSEGURIDAD: Sin destino

Como era de esperar, y tal como lo anticipó una gran mayoría de especialistas, el incremento de la inseguridad llegó, y nada indica que este vaya a ser pasajero. Por el contrario, tal como se presenta y el diagnóstico que se hace sobre sus causas, tendremos que acostumbrarnos a convivir con el durante un largo periodo. Menciono especialmente el diagnostico porque asombra que se quiera justificar el incremento del delito y la violencia por el aumento de la pobreza, lo que constituye un reduccionismo propio del populismo que solo trata de justificar y ocultar los propias conflictos y contradicciones que tiene un gobierno carente de política de seguridad. La estrategia de vincular la inseguridad con la pobreza solo busca transmitir el mensaje de que “nada se puede hacer hasta que salgamos de la pobreza”, lo que es mentira. Y de que “la culpa no es de este gobierno, sino de la pandemia y la herencia. La culpa es siempre del otro.

Este discurso es peligroso y puede tener funestas consecuencias. Una lectura que puede desprenderse de un mensaje de tal magnitud podría ser: “roban por necesidad”, lo que no es verídico, la mayoría de la gente que está pasando necesidades no roba y, por el contrario, suele ser gente muy honesta. El robo por necesidad es mínimo, es un robo de oportunidad, y no suele ser violento. Detrás de este cretino mensaje se esconde una posición ideológica que está más ligada a la crítica al sistema penal por parte del abolicionismo, el que solo busca justificar al delincuente al que menciona como víctima del sistema capitalista, y así sacar provecho político de la inseguridad, responsabilizando a la democracia liberal de la situación. Por otro lado, se pretende dar visibilidad solo a una clase de delito mientras se busca la impunidad del delito de corrupción, que nada tiene que ver con la pobreza.

Decía que es un discurso cretino porque estigmatiza a los sectores sociales más vulnerables socialmente con las consecuencias de exclusión social que esto genera, por ejemplo, a los que viven en las villas, a los jóvenes y a los desempleados, que por su calidad de pobre son sospechosos y les dificulta conseguir un empleo. Por otro lado, están justificando un uso irracional de la fuerza policial contra esos sectores, lo usan como mecanismo de disciplinamiento social; mientras que a la vez se utiliza el miedo para controlar a los sectores sociales más acomodados. El miedo a la pandemia, el miedo a la inseguridad, el miedo al desempleo, y tantos otros miedos que terminan siendo funcional a un gobierno que ha demostrado tener una fuerte vocación autoritaria. ¿Hay algo que paralice más a una sociedad que el miedo? ¿existe acaso algo más eficiente que el miedo para recortar las libertades?

La irrupción del uso de la fuerza policial ilegítima ha tomado hoy ribetes desconocidos desde hace muchos años. Luis Espinoza y Ceferino Nadal en Tucumán; Florencia Morales y Francisco Maraguello en San Luis; Blas Correa en Córdoba; Lucas Verón y Facundo Astudillo en Buenos Aires son solo algunas de las víctimas de un discurso político errático y contradictorio que solo busca acomodarse entre los resultados de las encuestas y el aplauso de sus fieles seguidores. Ambos se tornan contrapuestos, y ninguno garantiza mayor seguridad. Con desconcierto las fuerzas policiales, acostumbradas a una estructura vertical y jerárquica se preguntan cuál es la orden que cumplir, y ante semejante confusión están quienes optan por mirar al costado para evitar problemas, y los que se exceden creyendo que vendrá el reconocimiento por su valor.

Ha sido el propio presidenta Fernández quien expresó descreimiento en los planes (Financial Time 19 de julio) a pesar de que un plan es la hoja de ruta más adecuada para llegar a un destino. Pero esto no sería grave si al menos se supiera el destino. Hacer el viaje de Buenos Aires a Mendoza por ruta 7, 8 o 188 no es el mayor del problema si sabemos a dónde vamos; y aunque todas las rutas nos llevan al mismo destino cada una de estas tiene ventajas y desventajas que podríamos llegar a evaluar. En materia de seguridad el gobierno puede discutir el camino, pero no el destino. Lo grave, lo catastrófico, es no tener destino, no saber a dónde se quiere ir. Este es el problema del gobierno (y de los argentinos) en materia de inseguridad: no hay política de seguridad, ergo, no tenemos destino

Que la Ministra de Seguridad de la Nación (Sabina Frederic) discuta papeloneramente con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Sergio Berni) sobre cuál es la ruta más adecuada no sería un gran problema, que hasta podría ser normal. Ahora que ambos funcionarios del mismo partido político discutan por los diarios cuál es el destino da escalofrío. Ya no se trata de no tener plan, lo que no se tiene es el destino hacia donde se quiere ir, en definitiva, no se tiene una política de seguridad. Para la interventora del SPF, Dra. Garrigos, “habrá un pico de inseguridad por la crisis económica” (Infobae 12/06/20); Santiago Cafiero:  "Vincular la inseguridad a cuestiones socio-económicas tiene un sesgo medio ideológico y hay que ser más pragmáticos” (LN 05/08/20)"; para el Ministro Sergio  Berni “algunas zonas de Buenos Aires son como Sinaloa” (LN 11/06/20); Sabina Frederic es mucho más amplia en sus apreciaciones: “no son muchos los robos, los medios lo hacen visible” (Infobae 03/08/20); Nuevamente Sergio Berni: “la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires es una enfermedad endémica” (Infobae 23/07/20). Aunque parezca raro, no es un debate entre representantes de diferentes bancadas en el Congreso de la Nación, son todas expresiones de funcionarios del mismo gobierno.

Queda claro que no hay ni plan, ni política de seguridad, cada funcionario hace su propio diagnóstico, y en base a este define cual es para el problema, y actúa en consecuencia. El resultado: medidas contradictorias, ineficaces y gran derroche de recursos. Las respuestas son siempre las mismas: más policías (carne vestida de azul diría un viejo comisario), más móviles policiales y mas chaleco, mas balas. Traer las fuerzas federales desde las fronteras por donde entran toneladas de droga para agarrar al pibe en el barrio que porta un porro para su consumo personal o  viola la cuarentena no parece ser la política pública más inteligente. El espectáculo puede ser electoralmente infalible, pero no mejora la seguridad. Será que, en última instancia, el miedo es una buena forma de control.

 

LA SEGURIDAD COMO ESPECTÁCULO (DE MIEDO)

A medida que el encierro se extiende y la caída de la economía se profundiza vemos con precaución un notable agravamiento de la situación de inseguridad. Y no es un tema en el que la oposición busque instalar el temor, pues el propio Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires fue quien comparó zonas de ese territorio con la ciudad de Sinaloa en México (uno de los lugares de mayor violencia en el mundo), y  también la flamante interventora del Sistema Penitenciario Federal pronosticó un aumento de los delitos. Hasta el momento no conocemos la opinión de la Ministra de Seguridad de la Nación, ocupada exclusivamente en la interna que mantiene con Sergio Berni dentro de su propio espacio político y en desmantelar todo lo realizado por la anterior gestión de Patricia Bullrich.

Mas allá de la novelesca interna dentro del peronismo, existe la certeza de un próximo pico en el aumento de los delitos, por lo cual podríamos esperar del gobierno distintas alternativas. Pero la más probable es que deje que la situación de inseguridad se agrave y llegue a extremos insostenibles para, y al igual como se hizo con la pandemia, gobernar a través del miedo y el temor de la ciudadanía, y de esta manera limitar aún más las libertades y aumentar el control sobre la sociedad. Política nada descabellada para un gobierno que ha demostrado tener vocación autoritaria. En última instancia, en ese delicado equilibrio entre seguridad y libertad, la gente con miedo cede libertad a favor de la seguridad aunque, esto también se sabe, termina siempre siendo seguridad para unos pocos.

Usar el miedo y la inseguridad hasta la próxima campaña electoral no sería algo novedoso en un espacio que promete mano dura con Sergio Massa o Berni, pero también ofrece a un Zaffaroni o Frederick que prometen excarcelaciones. Todos juntos al precio de uno. Pero ninguna solución para quienes sufren de la victimización real o potencial.

Entonces… ¿cuál es la política de seguridad? Es claro que no la hay ni la habrá, pues el peronismo sabe que a los que quieren mano dura hay que prometerles mano dura y espectáculo y a los que se autoperciben como progresistas hay que darles un discurso progresista. Pero ni uno ni otro darán respuestas reales al problema, porque para dar una respuesta el gobierno necesita tener una “política de seguridad”, y para tenerla, previamente se debe compartir un diagnóstico que será el fundamento de una estrategia y de las acciones consecuentes. Las internas entre funcionarios de alto rango del mismo gobierno serán un buen espectáculo político, pero no generan ninguna tranquilidad en la ciudadanía.

Permanentemente se reclaman acuerdos políticos que estén por arriba de las diferencias partidarias, y la seguridad sería un buen campo para alcanzarlo. Pero ¿cómo alcanzar un acuerdo con quien no se sabe que piensa? Si el resto de las fuerzas políticas supieran cual es el pensamiento del gobierno en materia de seguridad se podría discutir y buscar puntos de acuerdo y consensos. Pero no se puede discutir la política donde no existe, porque como decía Alfonsín, “podemos discutir con un hombre que esté a la izquierda o a la derecha, va a ser una discusión racional, pero es imposible discutir con un populista, porque contestará con voluntarismo, con eslogan, inescrupulosidad, con demagogia. Entonces la cosa se hace mucho mas ramplona de lo que el pueblo merece”.

Estamos transitando una etapa de gran complejidad social, el aumento del delito no será solo por el aumento de la pobreza, la que puede explicar una parte pero no toda la problemática. La sociedad está transitando un momento de gran tensión y angustia. Teme por su salud y la de sus seres más queridos, pero también teme por un futuro incierto de empleabilidad, por la incertidumbre de poder en el futuro seguir mandando sus hijos a la escuela o a la universidad, si podrá pagar el alquiler o el préstamo hipotecario, si va a podrá acceder al sistema de salud al que tenía acceso hasta hoy. Incertidumbre, frustración e impotencia se suman a la pobreza y al desempleo, conformando un combo completo de causas que impactarán en la inseguridad y la violencia. Mientras tanto, quienes tienen que ocuparse de esto muestran un espectáculo que da miedo.

INSEGURIDAD DESPUES DE LA PANEMIA

INSEGURIDAD DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Lic. Alejandro Salomón*

La irrupción de la pandemia del Covid19 a dejado de lado muchas de las preocupaciones que durante años los argentinos hemos identificado como  las más importantes. Hoy, con mucha razón, la prioridad es la salud como no podría ser de otra manera. Pero a medida que el fin del confinamiento se va acercando irán apareciendo otras preocupaciones, la principal de ellas en la agenda social es la economía, a sabiendas de que es en esta esfera donde mayores certidumbre existen sobre el futuro: profunda caída del PBI, elevados niveles de inflación, aumento del desempleo y la pobreza y caída de inversiones. En este sentido, el económico, la única duda que se nos presenta es la magnitud de la crisis. 

Por el momento no aparecen en el horizonte otras preocupaciones: salud y economía hoy conforman el universo de la agenda mediática, social y gubernamental. Pero que esto sea hoy así no significa que siempre lo será. La pandemia, como está sucediendo en todos los países del mundo, irá menguando, ya sea por la “inmunidad del rebaño” o por la aparición de una vacuna, y volveremos a nuestras actividades normales con más o menos cambios en nuestras rutinas. Cuando ese momento llegue nos encontraremos con un panorama mucho más que desolador. Al miedo que nos dejara la pandemia, se agrega el propio de la posibilidad de subsistencia que provoca la crisis económica, y estos se sumarán a viejos miedos  hoy temporalmente dejadas de lados: la inseguridad. 

Desde el posicionamiento ideológico que se quiera, o el paradigma criminológico al que cada uno adhiera, no existen motivos para no advertir que la inseguridad experimentará un fuerte aumento, tanto de los llamados delitos ordinarios o predatorios (nada ordinarios para quienes son las víctimas), como los comprendidos por el crimen organizado.

Para quienes concebimos el problema de la inseguridad como un fenómeno complejo, en donde existen un sinnúmero de causas que pueden llevar a una persona a cometer un delito -lo que no significa justificarlo- el panorama económico que los especialistas predicen es el propicio para un profundo deterioro de la seguridad. El aumento de la pobreza, la desigualdad, el desorden social, el desempleo y el deterioro educativo  (abandono escolar) son algunos de los factores macro sociales que incidirán en el fenómeno. 

No se trata de vincular el seguro aumento de la pobreza con el aumento de la delincuencia. Esto no es así, existen una multiplicidad de factores. Lo que nos interesa es poner de manifiesto que habrá estructuras sociales que se verán degradadas como consecuencia de la desorganización y la falta de integración social que continuará con posterioridad a la pandemia, configurando disfunciones sociales que darán lugar a la existencia de diferentes grupos sociales que no compartirán, todos, los mismos objetivos, normas y posibilidades sociales. La magnitud de la crisis que se avecina influirá problemáticamente en las interacciones y el control sociales informal, influyendo negativamente en la conducta delictiva. 

Para quienes sostienen, a diferencia, que el aumento del delito no responde a la existencia de causas sociales, y se inclinan por la idea de que el delito es producto de una decisión racional del delincuente después de hacer una evaluación sobre su costo – beneficio, se puede advertir que la profundidad de la crisis que se avecina también hace pensar, aun así, en la idea del aumento del delito. Si es como este grupo lo postula, al no existir, o ser muy escasos los beneficios que se puedan obtener por la vía de la legalidad, cualquier oportunidad que se le presente al delincuente, por muy bajos beneficios que brinde, será mejor que nada. La ausencia de oportunidades legales para satisfacer determinadas demandas puede favorecer el camino de la ilegalidad para alcanzar ciertos objetivos.

En un tercer grupo, para quienes sostienen que el delito es producto de un orden social desigual en donde el delincuente es el resultado de las privaciones relativas  o sea de la autopercepción de desigualdad, y por lo tanto ante este descontento, que se agrava en contextos de desempleo y de quiebre o fragmentación de la comunidad, busca las soluciones que provee el delito. Si se comparten estas premisas, también es de esperar un pronunciado aumento del delito en el mediano plazo. 

Así, sin importar la adscripción ideológica o teórica que se pueda sostener, es casi una certeza que en el corto y mediano plazo viviremos un notable aumento de la inseguridad, frente al cual la respuesta puede ser variada.

Se puede empezar ahora tomando convenientemente algunas medidas relacionadas con la implementación de programas juveniles, familiares o sociales de amplio espectro que reduzca la marginación social, aumenten la interacción, reduzcan la tensión social y mejoren el control social informal. Fortalecer las formas de participación que existan para intervenir en los lugares más vulnerables y también continuar eficientizando la tarea del sistema penal.

Si estas tareas no se inician, en la próxima campaña electoral, que transcurrirá en los momentos donde la manifestación de la crisis de inseguridad sea más aguda, se ofrecerá como en otras ocasiones el recetario conservador e inútil que pregona sobre el aumento de la presencia policial y el endurecimiento de las penas, solo que ahora en un contexto de liberación de presos por motivos ideológicos y de insuficiente infraestructura carcelaria, lo que expresa una contradicción, que es la actual contradicción en materia de seguridad que expresa nación y Provincia de Buenos Aires. Como buen populismo, seguridad a la carta.

Frente a un gobierno nacional proclive a la suma del poder, que la pandemia le ha servido para cumplir el sueño de cerrar el Congreso y paralizar la Justicia, la utilización del miedo será otro motivo para avanzar contra las instituciones. Una vez terminada la pandemia, la inseguridad será siempre una buena excusa, para este gobiernos poco afecto a las libertades buscará recortarlas o limitarlas, esta vez en pos de la seguridad, lo que termina siendo siempre seguridad para unos pocos.

Mayo, 2020

*Especialista en Inteligencia Estratégica 

y Crimen Organizado

HABLEMOS DE LA CARCEL

HABLEMOS DE LA CÁRCEL

Lic. Alejandro Salomón

Mayo, 2020

En la entrada anterior nos hacíamos la pregunta qué hacer con las cárceles, y describimos las tres miradas existentes sobre el mismo problema: a) la cárcel como un mecanismo de intimidación a delincuentes motivados, e inmovilización de los delincuentes encerrados en ella, b) la cárcel como institución resocializadora o de rehabilitación de la persona privada de la libertad para reintegrarse a la sociedad, y c) la negación de la cárcel como institución penal, y vista solo como mecanismo de poder de la clase dominante sobre la clase dominada. 

Decíamos también que nuestro país adoptó el segundo modelo, es decir, concibe el sistema penitenciario como una institución de rehabilitación de la persona privada de la libertad. Pero también dijimos que en la actualidad no se está cumpliendo con ese objetivo (o al menos no lo hace eficientemente). Y es esta percepción social mayoritaria que se tiene del sistema: que no cumple con el objetivo para lo cual se creó, lo que la lleva a perder rápidamente su legitimidad. Esto la llevará antes o después a que la sociedad busque otra institución con que reemplazarla. No nos está pasando solo con el sistema penitenciario, también con muchas otras instituciones democráticas que parecieran estar más dedicadas a mantener sus propios privilegios que a satisfacer los de la ciudadanía. 

Generalmente nos hacemos una idea sobre un determinado hecho y a partir de esa idea construimos una hipótesis que solo podemos validar mediante la comparación. En nuestro caso existe dos sectores sociales con ideas completamente enfrentadas. Hay un sector que ante los problemas de inseguridad estima que es necesario una mayor punibilidad penal, esto es mayor inmovilización e intimidación, ergo mayor encierro. El otro sector, quienes plantean que la derecha argentina ha utilizado el sistema carcelario como mecanismo de represión y control de las clases populares, ha llevado el número de encierros a niveles inaceptables, motivo por el cual habría que proceder a la liberación de presos, esto más allá de la coyuntura del Covid 19. 

Que nos dicen los números y su comparación. La Argentina tenía en el 2018 (último año con los datos estadísticos) 213 internos cada 100.000 habitantes. Si lo comparamos con EE.UU. (655) estamos muy por debajo de encierros. Por el contrario, si lo comparamos con países europeos: España (127), Francia (104), Italia (100) y el Reino Unido (139) estamos muy por arriba de ellos. Quizás una comparación más adecuada podría hacerse con los países latinoamericanos. Chile (233), Uruguay (295), Brasil (234), Colombia (244), Cuaba (510), Nicaragua (332) y Venezuela (178). 

Los números globales reflejan una gran variación que no nos ayudan a llegar a conclusiones firmes. EE.UU. es el país con mayor número presos, y en donde con mayor convicción se aplicó el modelo impulsado por los gobiernos neoconservadores durante la década de los 90 de inmovilización e intimidación, pero la inseguridad dista mucho de ser la que gozan los países europeos que tienen las menores tasas de encierro de occidente, y comparten el paradigma de la resocialización. 

Con los países latinoamericanos como Chile, Brasil, Colombia y Uruguay compartimos similares tasas de encierro, y la situación de inseguridad ciudadana entre estos no son muy diferentes en términos generales a la nuestra, aunque cada uno de estos tiene problemáticas muy particulares en algunas de sus ciudades más importantes (Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá). Nos quedan también los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela que comparten entre ellos la posición abolicionista penal bolivariana, aunque los casos de Cuba y Nicaragua, más allá de los discursivo, son los países latinoamericanos con mayor tasa de encierro, esto con la particularidad de que mientras que en Nicaragua la inseguridad se ha convertido en un verdadero drama, en Cuba la inseguridad, al menos por lo que sabemos, no es un gran problema. El caso de Venezuela es la excepción de cualquier regla pues, según sus datos, la tasa de encierro es una de las más bajas de la región, lo que nos hace pensar que el modelo abolicionista penal se encuentra fuertemente arraigado, pero a la vez los niveles de violencia e inseguridad no tienen hasta el momento límites, y ha llevado a al país a la peor crisis de inseguridad conocida, siendo el país con mayor número de muertos por causas violentas.  Lo que no podemos dejar de mencionar es que estos tres últimos países se caracterizan por tener presos políticos. 

Una primera conclusión nos permitiría afirmar que el mayor número de personas privadas de la libertad no significa una mejora cualitativa en términos de seguridad ciudadana. Y al parecer si tomamos la experiencia europea llegaríamos a la conclusión de que el camino a seguir es el de la resocialización, que es en definitiva el que nos marca la ley 24.660 de ejecución de la pena de privación de la libertad, aunque es claro de que en nuestro país no ha dado los resultados obtenidos en el continente europeo. Y es razonable que sea así, pues ya hace muchos años, decidimos abandonar Europa como modelo de desarrollo político, económico y social. No obstante, esto último, también existen otros temas que debemos considerar, por ejemplo, la sobrepoblación penitenciaria que estaría llegando a un 22% en nuestro país. La pregunta que nos deberíamos hacer entonces es si tenemos muchos presos, como argumentan los partidarios del abolicionismo penal, o por el contrario tenemos pocas cárceles. Evidentemente el sistema carcelario argentino ha sufrido el mismo problema que el resto de la infraestructura pública (y privada) que es la desinversión.  Salvo honrosas excepciones como la de Mendoza (aunque siga siendo insuficiente), el país no ha realizado las inversiones que debería haber realizado para sostener un número de presos que a nivel regional está por debajo de la media, incluso por debajo de los países que sostienen el discurso abolicionista. La infraestructura es el primer elemento que debe tenerse en cuenta al momento de plantearse la reinserción. Si no hay infraestructura carcelaria no hay posibilidades de resocialización. 

Hay otros datos importantes como la situación laboral de los detenidos al momento de ingreso al sistema. El 43% dice ser desocupado y el 39% subocupado. Esto significa que el 82% que ingresa al sistema tiene problemas laborales, lo que seguramente se encuentran vinculados a falta de formación educativa y/o de un oficio. A pesar de estos datos solo el 22% de los presos participó durante el año 2018 de algún programa de capacitación laboral; mientras que en materia educativa los porcentajes no son mucho más alentadores: a pesar de que el 67% de los que ingresan al sistema tiene estudios primarios, sólo el 48% participó de algún programa de educación formal o no formal dentro del sistema. Un tema para estudiar es ver a quienes captura el sistema de justicia.

A la falta de infraestructura y las deficiencias en los programas de capacitación laboral y formación educativa hay que añadir otras situaciones que deben ser revisadas como son los gabinetes psicofísicos y de evaluación de conductas para acceder a los beneficios que otorga la ley, ya que solo el 5% de los condenados accede, por ejemplo, al régimen de semilibertad. Las deficiencias del sistema son el combo perfecto para que la reinserción se convierta en una panacea, algo de cumplimiento imposible, motivo por el cual es casi un milagro de que solo tengamos un índice de reincidencia del 25%, que seguramente es bajo por la incapacidad del sistema penal de identificar, detener y condenar al autor de un delito, índice que esta por debajo del 1%. Por otro lado, si aumentáramos la eficiencia del sistema de justicia no había ya donde “depositar” a los presos.

Confunde y hace daño cuando se trata de poner en el mismo pie de igualdad el abolicionismo penal con las penas alternativas a la privación de la libertad. No todo delincuente debe ir preso, lo que no significa que no deba cumplir una condena. En otros países es mas común la aplicación de lo que se conoce como probation. El problema que estamos teniendo es que no existe, o existe, pero no funcionan, los organismos destinados a hacer un verdadero seguimiento de las personas que, o están gozando de un régimen de semilibertad o salidas transitorias, o que han recibido alguna condena alternativa a la privación de la libertad. En Inglaterra hay un agente cada 35 personas en esta situación, y en España uno cada 55. Se hace un seguimiento excautivo que va desde averiguar la junta con la que se rodea, la búsqueda de trabajo, las adicciones, o la relación con la familia, entre otros aspectos, y cualquier violación a estas normas le significa la pérdida del beneficio. Este trabajo en Argentina no se realiza. 

Párrafo aparte

Durante esta semana me consultaron en varias oportunidades mi opinión en relación con la liberación de presos que se realizó en provincia de Buenos Aires y el Sistema Federal. Lo cierto es que la situación de la pandemia obligó a todos los países a liberar presos como forma de descomprimir lo que se entiende son un ámbito de contagio ideal para que mueran miles de personas. No tomar en cuenta esta situación es casi como habilitar la pena de muerte en forma enmascarada. Se estima que en EEUU la disminución de presos alcanzado un 20%, Italia 6.000, España 3.000 y la lista puede ser mucho más extensa, pues ha sido las Naciones Unidas las que han “recomendado” que "su situación debería tratarse de manera concreta en la planificación y respuesta a la crisis", pero sólo en Italia hubo protestas por la liberación de unos 300 cabecillas de diferentes mafias, y en Argentina ocasionó grandes protestas.  

¿Qué paso en Argentina? Desde mi perspectiva nuevamente la picardía criolla, la trampa, el juego subrepticio se metió en la política. Si bien es cierto que la mayor parte de los países liberaron presos, también lo es que establecieron previamente las normas que definían un marco muy preciso de actuación y que marcaban las condiciones de quienes podían verse beneficiados. Trabajaron en la “planificación y respuesta a la crisis” que recomendó las Naciones Unidas para no agregar más angustia a la ya existente en ciudadanía. Así, salieron solo los que cumplían con las condiciones que previamente se habían estipulado y acordado. Acá confluyeron los fundamentalistas ideológicos que bregan por el abolicionismo penal que venía operando por la liberación de los delincuentes desde el mes de diciembre, cuando aún no se sabía la magnitud de la pandemia (Zaffaroni a la cabeza, la gente del CELS con Verbitsky, y la Comisión por la Memoria), por otro lado el oportunismo de la gestión, encabezado por el gobernador de Buenos Aires Axell Kisillof y su Ministro de Justicia Julio Alak, que vieron la oportunidad para evitar las necesarias  inversiones en nuevas cárceles vaciando las ya existentes. Y finalmente los que pretendieron aprovechar también la pandemia para favorecer a los amigos detenidos por corrupción, o compañeros con capacidad de “calle” (barras bravas, sindicalistas, punteros, etc.), mano de obra siempre predispuesta a colaborar en la causa. El problema que para semejante obscenidad no podía hacerse de la misma manera con la que se hizo en los otros países: establecer la norma y definir el marco. Si lo hubieran hecho como como se hizo en otros países no tenían posibilidad de salir los amigos que se quería que salieran. Con la ayuda inestimable de un juez siempre amigo todo hubiera salido bien. Pero el cisne negro apareció: la ciudadanía sospecho de la tramoya, se enojó, y lo evitó. 

¿Qué hacemos con las cárceles?

¿QUE HACEMOS CON LAS CARCELES?
Lic. Alejandro Salomón
Mayo, 2020

“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”. La frase nos es muy conocida, pues esta plasmada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. En este punto creo que todos estamos de acuerdo, pues no se levantan voces pidiendo castigo para los reos, y menos aún, mortificarlos. Pero este acuerdo no alcanza, solo nos sirve para saber qué es lo que no debemos hacer, pero no nos sirve para saber qué queremos hacer con las cárceles. 

De la lectura del citado artículo se desprende inmediatamente la influencia de la escuela clásica liberal de fines del siglo XVIII de Cesar Beccaria (1738-1794) y Jeremy Benthan (1748-1832) cuya idea principal pueden resumirse en que “las acciones humanas (incluso las delictuales) tienden al logro del placer y a evitar el dolor”. Esta idea permitió a Beccaria repensar la totalidad del sistema penal hasta hoy vigente en gran parte y el sistema penitenciario en particular. Fueron estos liberales los que permitieron dejar atrás los métodos de la inquisición en los que la tortura y la muerte eran los mecanismos aceptados en la época para quienes se atrevían a cuestionar el orden vigente. 

No obstante, esto no resolvió el problema de las cárceles, las que se convirtieron en un lugar de privación de la libertad para así aplicar el “mayor dolor” que se le podía infligir a una persona: la perdida de la libertad, en la época de esplendor de las ideas liberales. Lograr placer (la libertad) y evitar el dolor (la cárcel). La formula perfecta para alcanzar la “mayor felicidad para el mayor número”, la manera disuasoria para la comisión de nuevos delitos. 

Este pensamiento fue recuperado y  perfeccionado en el último tercio del siglo XX cuando la criminología desarrolla teorías que plantearon la necesidad del encierro a partir de dos premisas, la primera como mecanismo de inmovilización o incapacitación, el que podríamos resumir en: “delincuente que está preso no delinque”; la segunda: el encierro como mecanismo de intimidación hacia la persona que esta en libertad, pero motivada para delinquir. 

Podríamos identificar este modelo con los EE.UU quienes han abandonado toda pretensión de reinserción del delincuente. Las consecuencias del modelo ha sido que cada vez es mas necesario el aumento de las penas para lograr mayor intimidación e inmovilización, lo que hizo de EE.UU el país con mayor cantidad de presos cada 100.000 habitantes (655). A solo efectos comparativos, en Argentina hay 213. No obstante, la diferencia que debemos mencionar es que en EE.UU no hay hacinamiento carcelario y solo el presupuesto federal destinado al sistema es de U$ 60.000 millones. 

Si bien fue en la década de 1.990 cuando se experimentó el mayor aumento carcelario y paralelamente la baja del delito, algunos estudios como los de William Spelman sugieren que el uso masivo de la prisión en EEUU solo explica un 25% de la reducción de la delincuencia, el otro 75% se explica por otros factores como la baja en el nivel de desempleo, aumento en los salarios, o aumento en la tasa de jóvenes que terminan sus estudios. 

La intimidación e inmovilización no es la única mirada sobre el problema carcelario. Fueron también los liberales, pero esta vez los fundadores del liberalismo social John Stuart Mill (1806 – 1873) y Thomas Hill Green (1836 - 1882), quienes hicieron una revisión y modernización de sus primordiales ideas. Uno de los principales aportes es abandonar el principio del egoísmo, y considerar que el bienestar social concierne a todos los hombres, y considera la libertad, la integridad, el respeto a la persona y la distinción personal como bienes intrínsecos al ser humano “El pensamiento económico de Mill, como su filosofía social en general, estaban guiados por una profunda indignación moral contra las injusticias de una sociedad capitalista que, como él decía, distribuía el producto del trabajo casi en proporción inversa al trabajo realizado. 

En el caso de Thomas Hill Green, a quien el idealismo lo une a Hegel, es el que desarrolla lo que se llamó liberalismo orgánico o liberalismo social que promovía la intervención del Estado como algo positivo para la realización individual. Sostiene la idea de que la naturaleza humana es fundamentalmente social, y forma parte de una corriente idealista que considera que el problema fundamental de la filosofía es “la naturaleza de la personalidad, la naturaleza de la comunidad social y la relación entre ambas”. De esta manera trata de demostrar que la personalidad se realiza al encontrar un papel significativo que desempeñar en la vida en sociedad. Estas nuevas ideas dan lugar a una nueva visión sobre el sistema penitenciario, pues plantea que la personalidad y la conducta es susceptible de ser moldeada, motivo por el cual permite pensar en la resocialización y reinserción social del delincuente.  

Para está corriente de pensamiento, el rol de la pena se sustenta en su pretendido carácter de tratamiento rehabilitador y la búsqueda de sanciones penales alternativas a la pena privativa de la libertad (probation), y su mayor objetivo es evitar la reincidencia.  La expresión “todos vuelven a la calle” de Jeremy Travis abrió el camino en la criminología al concepto de “reinserción social” del delincuente. Según Travis, y observando el punitivismo que experimentaba EE. UU. en las últimas décadas expreso: 

"Mas presos están volviendo a casa, habiendo pasado periodos más largos entre rejas, habiendo recibido menos asistencia en su reintegración y estado, por tanto, menos preparados para la vida en libertad. Estos individuos a menudo experimentan dificultades para encontrar trabajo, vivienda y quizás reconectarse con sus familiares, muchos además sufren problemas de salud y adicciones a las drogas. La mayoría serán detenido de nuevo y volverán a prisión por la comisión de nuevos delitos o por violar los términos de la libertad condicional. Y este ciclo constante de encarcelamiento y puesta en libertad, de entrada y salida de prisiones, de un número muy grande de individuos, fundamentalmente de varones, cada vez está más concentrado en un número relativamente pequeño de comunidades, que ya de por si sufren enormes déficit sociales y económicos". 

La visión de Travis reforzó la posición de una corriente criminológica preocupada por el desarrollo de políticas penitenciarias que facilitaran la reinserción de los prisioneros en la sociedad, lo que redundaría en la disminución de la reincidencia. Se estima en Provincia de Buenos Aires que la reincidencia ronda el 43%, lo que significa que casi la mitad de los presos que quedan en libertad volverá en algún momento a la cárcel. La evidencia científica que comienza a acumularse demuestra que reducir la tasa de reincidencia puede tener efectos más benéficos que reducir la tasa de nuevas entradas al sistema penitenciario. En este sentido las estrategias de rehabilitación y de reinserción orientadas a reducir los niveles de reincidencia de los penados pueden jugar un papel clave dentro de las políticas de control de la delincuencia. 

La ley de ejecución de la pena privativa de la libertad 24.660 de Argentina se encuentra en esta línea de pensamiento: 

ARTICULO 1º —La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto.

No puede haber dudas, al menos para quienes de una u otra manera han tenido contacto con la problemática penitenciaria y han visitado alguna cárcel argentina, de que no existe nada más lejos de la posibilidad de alcanzar algún mínimo grado de reinserción de los delincuentes que hoy se encuentran privados de la libertad. Es una hipocresía creer que se cumple el artículo primero de la ley de ejecución penal. Si algún preso no reincide es por otros motivos o casualidad, y no porque el sistema lo haya corregido. 

Por último, existe otra mirada desde los sectores de la izquierda más radicalizados que consideran que el rol de la pena privativa de la libertad es una construcción de poder de quienes dominan sobre los dominados, motivo por el cual bregan el “abolicionismo penal”, el que no puede ser confundido con el garantismo penal. El abolicionismo es una corriente de pensamiento íntimamente ligada a la criminología crítica que no solo se limita a cuestionar únicamente los establecimientos penitenciarios, sino que también promueve terminar con el resto de las agencias del sistema penal y sus diferentes manifestaciones tempo-espaciales por ser estos segregacionistas, excluyente, selectivo en cuanto tal sólo favorecer a los “poderosos.

En su remplazo, el abolicionismo penal propone “la justicia restaurativa” o “justicia reparadora” o también “justicia compasiva” la que se centra en las necesidades de las víctimas y los autores o responsables del delito, y no el castigo a estos últimos. En este proceso las personas involucradas en un hecho resuelven de manera colectiva cómo lidiar con las consecuencias de la ofensa (no usa el termino delito) y sus implicaciones futuras. Las víctimas juegan en este modelo un rol activo en el proceso, mientras se anima a los ofensores (no usa el termino delincuente) a asumir la responsabilidad de sus acciones y reparar el daño que han hecho. Esto puede hacerse mediante un pedido de disculpas, la devolución de algo robado, dar un servicio a la comunidad, etc.

En términos generales estas son las tres miradas sobre el sistema penitenciario y el rol que cumple la pena en una sociedad según cada una de ellas. Nuestro principal problema está en que hemos adoptado el modelo de la reinserción social o rehabilitación (como la mayoría de los países europeos), pero no destinamos los recursos ni presupuesto que le destinan al cumplimiento de este objetivo los países europeos. Por otro lado, hay quienes han perdido toda esperanza de reinserción, y adscriben al modelo estadounidense, y pregonan el endurecimiento de las penas y la limitación de las excarcelaciones, pero no se animan a hacerlo explicito, y menos o al menos hacer explicito el costo económico que el modelo requiere, tanto para la construcción de nuevas cárceles, como para su funcionamiento. En cuanto el tercer modelo, el abolicionista, posee un gran despliegue en los ámbitos académicos y en la formulación de teorías, pero esquiva plantarse frente a la sociedad y trasparentar su propuesta, pensamientos y proyectos para debatir en los ámbitos legislativos, que es donde deben impulsarse las ideas.   

Hasta que no resolvamos que sistema penitenciario queremos, qué queremos hacer con los presos,  no sabremos que hacer con las cárceles.